REAL DECRETO LEY 21 /2018 DE 14 DE DICIEMBRE , DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER

La entrada en vigor será el día 19 de diciembre de 2018 y las modificaciones en las normas que rigen los contratos de arrendamiento serán los firmados a partir de esta fecha. Se mantiene la aplicación de la propia LAU, pero se hace una excepción en los arrendamientos de vivienda con superficie superior a 300m2, donde prima la voluntad entre las partes y en su defecto, la Ley y el código civil. Serán turísticos todos los alquileres, con independencia de los canales de comercialización, sometidos a la normativa sectorial turística   DURACION DEL CONTRATO Se vuelve a la duración mínima de 5 años cuando el arrendador sea persona física, con la novedad que serán 7 años si es persona jurídica. Es decir sea cual sea el plazo de duración del contrato, siempre que sea inferior a cinco años, el arrendamiento se podrá extender a esos cinco años, si así lo desea el inquilino, aunque haya oposición del arrendador. Las renovaciones serán anuales y siempre hasta dicho plazo, salvo que el arrendatario manifieste su voluntad de no renovar. También se amplía el tiempo de prórroga si cumplidos los 5 o 7 años, no existe comunicación de las partes de no renovarlo con una antelación mínima de 30 días, pasando de 1 a 3 años.   FIANZA Se mantiene el derecho de exigir una mensualidad de fianza en arrendamiento de vivienda y dos en uso distinto. Durante la duración obligada del contrato no habrá actualización de la fianza, pero sí en los supuestos de prórroga en el caso que haya pacto entre las partes. La fianza será devuelta en el plazo de un mes desde la entrega de llaves, en otro caso devengará interés legal. La garantía adicional complementaria máxima que se puede pedir en arrendamientos de 5 años o 7 años es de dos mensualidades. Por último las medidas fiscales son las siguientes: IBI: se exceptúa los entes públicos que repercutan IBI cuando se arrienden una vivienda con renta limitada. Respecto a las viviendas desocupadas, se posibilita a los ayuntamientos puedan aplicar el correspondiente recargo en función del periodo de desocupación del mismo. Y se crea una bonificación potestativa para viviendas alquiladas con renta limitada del hasta el 95% ITPAJD se deja exento el arrendamiento de inmuebles para uso estable y permanente, operaciones de las que es sujeto pasivo el arrendatario.

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